PENSIONES Y
POBREZA
El 28 de noviembre del
pasado año, el PP vetaba la tramitación
en el Congreso de una proposición de ley firmada por todos los grupos de la
oposición, a excepción de Ciudadanos,
para una subida de 1,2 en las pensiones
de 2017, propuesta acorde con la inflación del 1,5% prevista para este
año, aunque la Fundación de Cajas de
Ahorros (FUNDECA) la eleva al 2%, a lo largo del mismo. El Gobierno justificó
su veto en la imposibilidad de asumir los aproximadamente 1.500 millones de
euros que iba suponer la propuesta mayoritaria de la oposición. Resulta
verdaderamente sorprendente los escrúpulos del Presidente de Gobierno para
aceptar las propuestas de la oposición
(178 votos) relativas al incremento de las pensiones, salarios y SMI, en
contraste con la rapidez con que acude en ayuda
de empresas en crisis, por la mala gestión de sus directivos, o para
cubrir el hueco de más de cinco mil millones
que han dejado las empresas constructoras de autopistas.
Insensible a las
críticas de la oposición, el Gobierno dio el aldabonazo en el Consejo de
Ministros de 30 de diciembre, fijando el aumento de las pensiones en un
ridículo 0,25%, muy alejado de la
inflación prevista, y que va a suponer
una pérdida del poder adquisitivo de este colectivo, el mayor en cinco
años. Para hacerse una idea de las
consecuencias de la decisión del
Gobierno, hay que tener en cuenta que de los 9,1 millones de jubilados, casi
cinco millones cobran menos del salario
mínimo, cerca de un millón de pensionistas, uno de cada diez, están por debajo
de los 350€, y tan sólo 0,3% cobra la pensión máxima de 2.567€. En general, el
70% de los jubilados cobra menos de mil euros. Además, siete de cada diez
jubilados sólo reciben sus ingresos de una pensión pública. La diferencia entre la pensión de mayor
cuantía y la menor, pensión por orfandad (194,8€) es astronómica: unos 2.372€, dato revelador de los desequilibrios y
falta de equidad del sistema.
Una vez más, por cuarto
año consecutivo, se condena a la mayoría de los pensionistas a la pobreza e
incluso a la miseria, convirtiéndolos en usuarios del banco de alimentos o de
los servicios de Cáritas y Cruz Roja, entre otras ONGS. Para la Marea de
Pensionistas de Cádiz, el exiguo incremento de las pensiones no sólo no va a
resolver los graves problemas económicos
y sociales de las familias sostenidas
por los mayores, sino que va a sumir aún más al país en la precariedad y el
empobrecimiento. ¿Cómo es posible-se
pregunta la ciudadanía en la calle- que un jubilado de pensión muy baja o una
viuda de 65 años, con discapacidad del 65% pueda vivir con 637,7€, y que sus
pensiones se haya visto incrementadas en
un ofensivo 1,6€. No podemos menos que
manifestar nuestra preocupación e indignación “por esta tomadura de pelo” del
Gobierno a los hombres y mujeres
pensionistas y un atentado económico y
social a sus familias, intolerable en un Estado de Derecho que se precie de
serlo.
Pedimos, pues, a los pensionistas, a la opinión pública y las
instituciones se pronuncien sobre el
problema y exigimos al Gobierno del PP,
porque es de justicia, revise el
incremento proporcional de las pensiones de acuerdo con el Índice de
Precios al Consumo (IPC).
CÁDIZ, ENERO DE 2017.
Francisco José González
Álvarez….
MAREA PENSIONISTAS DE
CÁDIZ.