Este informe se presentó en la Jornada sobre Socio-economía del bien común: Plan para la Bahía de Cádiz, en la que participaron distintos colectivos, expertos y profesionales preocupados por dar una orientación eficaz a la actividad socio-económica de la bahía gaditana, para que pueda salir de la postración y situación de emergencia en que se encuentra.
SITUACIÓN SOCIAL DE LA BAHÍA Y PROVINCIA DE CÁDIZ.
1.-INTRODUCCIÓN.
Hablar de la situación social y económica
de Cádiz y su provincia nos obligaría a remontarnos unos años atrás en la
historia de esta tierra, pero no es éste el objetivo del informe que
presentamos, cuya finalidad no es otra que servir de punto de partida para la
realización del Plan sobre la socio-economía del bien común de la
Bahía de Cádiz.
Sin embargo, no podemos obviar que Cádiz ha
padecido seis reconversiones industriales desde los años ochenta hasta nuestros
días. Tales procesos han ido desarticulando el tejido social gaditano en general y del mundo obrero, en
particular. Miles de trabajadores fueron prejubilados en estos años con los
pretextos de enfermedad, invalidez, topes ficticios de edad laboral y falta de
rentabilidad del sector industrial; y otros muchos de las contratas y
subcontratas, que subsistían al calor de las factorías y empresas principales,
se vieron abocados a un paro cruel y despiadado, con el consiguiente y grave
perjuicio para los trabajadores y sus familias.
Nuestra tierra ha sido, pues, “un enfermo
convulso”, víctima de sucesivas crisis, con las que ha convivido la ciudadanía,
unas veces con resignación y otras con espíritu de lucha y reivindicación. Los
numerosos conflictos de Astilleros y
Bazán en Cádiz, Puerto Real y San Fernando; Tabacalera, Delphi y otros tantos
en pequeñas Y medianas empresas y servicios fueron necesarios para dejar en pie
algunas factorías, pero no pudieron impedir que, por arbitrarias decisiones de
gobiernos sometidos al dictado de los mercados y del capital especulativo,
fueran masivamente al desempleo miles de trabajadores y trabajadoras,
empobreciéndose enormemente la vida económica y social del mundo del trabajo
gaditano y de sus familias. ¡Qué
sorpresas nos llevaríamos si pudiéramos evaluar lo que much@s gaditan@s se han
visto obligados a sufrir con la ininterrumpida destrucción de empleo durante la
segunda mitad del siglo XX y los años transcurridos del XXI! Un estudio
realizado en 2004 para celebrar el décimo aniversario de la Acampada del 0,7,
realizada en los jardines de Canalejas, demostraba que en esos diez años el
cierre de empresas y la destrucción de empleo mantenían la misma tónica, pero
aumentaba conforme había transcurrido el
tiempo. Basta darse una vuelta por Cádiz para ver el número de locales
cerrados, que en su día albergaron negocios florecientes y productivas empresas.
Y si tiramos de las hemerotecas podremos
hacer una sencilla estadística de las plataformas de parados de vida efímera,
aunque contundentes en sus acciones, que han proliferado en Cádiz.
Como culmen de todo lo ocurrido y sufrido
por esta provincia, nos encontramos ahora envueltos en una profunda crisis
económica y financiera de incalculables consecuencias, algunas de las cuales
estamos constatando por la significativa ayuda de Cáritas a un número cada vez
mayor de familias. Es verdad que los voceros del sistema nos vienen diciendo
que estamos saliendo de esta crítica situación, pero lo cierto es que los
resultados positivos en la disminución del paro, crecimiento del empleo y poder
adquisitivo de las familias son, a todas luces insuficientes, y no vienen a
restañar las profundas heridas que los recortes y la corrupción han provocado
en el tejido de nuestra sociedad.
Hemos de destacar, sin embargo, que hombres
y mujeres pertenecientes a distintos movimientos sociales, coaliciones,
agrupaciones de unidad popular y grupos
alternativos mantienen un firme compromiso por los derechos sociales y las personas más desfavorecidas.
2.-ALGUNOS DATOS
2.1.- EL PARO Y EL EMPLEO. El paro es la constante
transversal que implica y complica toda la vida económica y social de una
comunidad, de aquí que, conforme aumentan sus índices, empeora el nivel de vida
de las personas y las familias, y obliga a los especialistas a prestar una especial atención a su evolución.
También nosotros le hemos dedicado un breve espacio como pórtico al estudio
social que se nos ha encomendado, utilizando estadísticas recientes, aun
sabiendo que todo cálculo es frío si no le ponemos rostros a las personas que sufren
los desgarros socio-económicos del sistema. A pesar de todo, los números
nos sirven para comprender de forma analítica y, a la vez global, la
inquietante e injusta situación que vivimos.
Con fecha de 2 de septiembre, el Servicio Estatal Público de Empleo
(SEPE) publicó los datos del paro del mes de agosto, en los que se constata que
174.100 personas están paradas en nuestra provincia. El ascenso del turismo y la campaña de la vendimia han permitido que
sea mayor la duración del trabajo eventual,
disminuyendo en 972 el número de parad@s
respecto al mes anterior; 1900 menos que en enero pasado y 5.441 menos que en
agosto de 2014. Estos datos, que han levantado el ánimo de algunos sectores
políticos y económicos interesados, son a todas luces insuficientes pues la
cifra global canta todavía el drama de tantas personas que se ven sin medios
para vivir dignamente, ellas y sus familias. Precisamente, en ese núcleo de
parad@s radica la pobreza y exclusión social que se ha extendido por el país y,
más concretamente, por nuestra tierra. Además, el trabajo que se crea es
temporal (371.283 puestos de trabajo, de enero a agosto de 2015, un 96,33% de
temporalidad) y precario, con sueldos bajísimos, de escasa duración, en condiciones
laborales deficientes y, a veces, extremas. Por la precariedad laboral much@s
trabajador@s gaditan@s han entrado a formar parte del numeroso ejército de las
personas pobres, y bastantes rozan o han
caído ya en la exclusión social.
Por si fuera poco, hoy, día 7 de
septiembre, cuando se termina este informe, CC.OO., acaba de denunciar que Cádiz se encuentra entre las diez
provincias con más siniestralidad, según
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con un aumento de los accidentes
laborales en 11,37% respecto al mismo período de 2014. El sindicato considera
que este alto índice de siniestralidad se debe, entre otras causas, a la falta
de inspectores de trabajo – uno por cada dos mil trabajadore@s- y a la
precariedad laboral, calificando al mercado de trabajo de “victimario”, ya que
no es concebible que con el paro existente en la provincia de Cádiz sea una de
las que sufre mayor siniestralidad
laboral.
La población inmigrante sufre también los efectos de la
temporalidad precariedad en el trabajo,
pues se ve abocada a la venta ambulante; algunos de sus miembros trabajan en el
sector servicio o están en paro.
Por
otra parte, aunque ha mejorado algo el empleo juvenil-todavía hay casi un 70%
de paro en Andalucía- no podemos dejar de reconocer que es también el señuelo para la contratación en precario
de tantos jóvenes que no ganan para vivir y son explotados, obligándolos a
cumplir horarios de trabajo de diez y
doce horas, en condiciones verdaderamente
agobiantes. A cambio de no aceptar tales condiciones, ya se sabe, la calle para
correr, porque hay otros muchos esperando detrás, como dice una expresión
popular.
Ante este panorama, no es difícil
comprender la situación que vamos a
describir a continuación en los distintos sectores de la vida social gaditana
sabiendo además que el problema se va a quedar
con nosotros para rato ya que el paro es un fenómeno estructural, generado
por el sistema capitalista neoliberal y que las crisis en Cádiz son sistémicas
y permanentes. Habría que dar un giro a la estructura económica, cambiando el
sistema productivo, eliminando la reforma laboral vigente y enfriando la fuerte
“financiarización”- vaya palabreja- a la que está sometida la economía. Cádiz
necesita de un profundo cambio que ataje
la situación en que se encuentra la
bahía y provincia, y el plan de socio-economía del bien común para la Bahía que se está elaborando puede ser una eficaz
respuesta al problema que se plantea.
Si queremos realmente un cambio en la vida
del trabajo y las relaciones laborales, hemos de esforzarnos en dar algunas
pistas de actuación; aquí damos, modestamente, las que nos parecen más oportunas,
sin ánimo de ser exhaustivos:
1.- Diagnosticar de forma realista las
posibilidades económicas y laborales
de los municipios de la Bahía de Cádiz.
2.-Reforzar la industria de la zona,
principalmente el sector naval, cuidando las cargas de trabajo en las distintas
factorías de la Bahía, buscando, además, nuevas alternativas industriales, en
el caso de crisis de este sector, que permitieran la estabilidad de las
plantillas.
3.- Llevar a cabo un plan de choque
inmediato- tal como piden los sindicatos- creando las infraestructuras de
transporte y productivas necesarias que
potencien el intercambio de mercancías y la riqueza en la zona. En esta línea
es fundamental la eliminación del peaje de la autopista Cádiz- Sevilla. Reclamar la línea ferroviaria: Algeciras-
Cádiz que una las dos bahías y el
corredor mediterráneo, facilitando el
tránsito de personas y mercancías. Llevar a cabo los desdobles y duplicaciones
pendientes de carreteras, accesos y autovías, necesarios para mejorar las
comunicaciones y crear empleo por inversiones en infraestructuras.
4.- Pedir la colaboración y comprometer a
todas las administraciones para disminuir drásticamente el paro y erradicarlo
en la provincia y, más concretamente, en la bahía gaditana. Hay que conseguir
que las administraciones contraigan el compromiso de resolver, en la medida de
sus posibilidades, el problema del paro en Cádiz.
5.-
Establecer una mesa de diálogo para cambiar la reforma laboral actual.
6.- Aplicar sin paliativos la Ley de
Seguridad e Higiene en el trabajo, exigiendo a la Administración andaluza el
aumento de la plantilla de inspectores, al menos, en un 50% más, para adecuarla
la media europea.
6.- Pedir a los ayuntamientos que utilicen
todos los cauces en la creación del
empleo y la formación que les proporcionen la Junta de Andalucía y el Gobierno
del Estado.
7.- Potenciar las empresa de inserción
laboral, el cooperativismo de nuevo cuño, el trabajo autónomo y las pequeñas y
medianas empresas reclamando de las
administraciones subvenciones para el inicio y el sostenimiento -en algunos
casos- de tales iniciativas.
8.- Explotar todas las potencialidades de
la Zona Franca de Cádiz.
9.-Volver de nuevo al mar, potenciando el
puerto de Cádiz, en todas sus posibilidades: turísticas y comerciales creando las infraestructuras necesarias.
10.- Promocionar el turismo urbano y rural, respetando el medio ambiente.
11.- Facilitar la conciliación entre la
vida familiar y laboral en las actividades que se programen y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el
trabajo.
2.2.- LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
El último informe FOESSA de Cáritas verifica que la pobreza y la exclusión social han aumentado en los últimos años,
efectos de las políticas gubernamentales para hacer frente a la crisis
económica y financiera originada por el mismo sistema financiero, el paro
laboral que no cesa, la falta de vivienda y los problemas económicos y de las
familias. Así el 24% de la población de la provincia de Cádiz, una de cada
cuatro personas, se halla en exclusión social, unas 297.000 personas y más de
100.000 hogares. Como se puede comprobar, son cifras muy importantes porque
los problemas de exclusión, en los que
intervienen la falta de vivienda y el desempleo son los que más afectan a la
sociedad gaditana. Por otra parte, solo 1 de cada 5 hogares no están
afectados por cualquier rasgo de
exclusión social; es decir gozan de integración plena, un índice muy por debajo
en relación con el de España. Sólo el 20% de la población está libre de esta
lacra.
Esta situación de precariedad y pobreza
determina según el informe que 2 de cada
3 familias atendidas por Cáritas en la provincia de Cádiz no puedan hacer
frente a los pagos de vivienda, agua, electricidad, gas y arreglos necesarios
en sus casas.
Como consecuencia del estado de cosas en el
que nos encontramos, aumenta sin cesar la demanda de prestaciones y ayudas de
los servicios sociales y comunitarios.
Por todas razones, vemos la necesidad de
que se implementen propuestas de acción como:
1.- Una mayor implicación de los
ayuntamientos, servicios de ámbito
municipal y comunidad autónoma que
garanticen el sistema público de servicios sociales. Además, que tales
servicios no se externalicen, se vuelvan a municipalizar los que se pueda, y
los que no, se sometan a controles
rigurosos para que cumplan con equidad y transparencia su misión.
2.- Que se exija y apruebe con carácter de
urgencia una nueva Ley de Servicios Sociales.
3.-Que se apruebe de una vez por todas la
Ley de regulación de la Renta Básica.
4.- Que se dote a los servicios municipales
de personal suficiente para atender dignamente a las personas afectadas por la
falta de necesidades básicas, pobreza y exclusión social.
5.- Que se exija a los servicios sociales
mayor transparencia haciendo públicos los criterios de adjudicación de
prestaciones y ayudas, allí donde no haya habido la información suficiente a la
ciudadanía.
6.- Potenciar los servicios sociales
comunitarios.
7.- Prestar especial a las personas
afectadas de toxicomanías, principalmente a los jóvenes varones de los barrios
ignorados.
8.- Afianzar los centros de atención a la
mujer y la información y asesoramiento laboral, social, cultural y educativo a
inmigrantes.
9.- Que se considere a Cádiz y a los
municipios de la provincia en grave situación social y económica como zona de
emergencia, en la que se apliquen
planes de actuación integral a las
familias afectadas.
10.- Asegurar una alimentación adecuada,
atendiendo a las necesidades alimentarias básicas de las poblaciones más
perjudicadas por problemas económicos y sociales, garantizando, además,
desayunos y comidas de mediodía para niños y niñas en los meses de verano en
los que no funcionan los servicios escolares.
2.3.-LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CÁDIZ.
APDHA la considera de “alarmante”, en el
documento que publicó esta asociación en mayo
del presente año, titulado: “Un municipio respetuoso de los derechos humanos”.
Ciertamente, aporta datos que confirman su juicio: 3984 personas demandantes de
vivienda, 675 infraviviendas en 101 fincas, que afectan a unas 400 familias.
Hay unas 140 personas que viven en la calle y 20 barriadas sociales con
problemas de accesibilidad. Contrasta esta situación con las 6866 viviendas
vacías y 128 fincas vacías públicas y
privadas.
Aportamos aquí algunas propuestas para luchar
contra la pobreza energética y social y
el grave problema de la falta de viviendas en Cádiz y Bahía:
1.-Elaboración participativa de los planes
municipales de vivienda, que garanticen el acceso a una vivienda digna,
principalmente a las personas con medios económicos escasos y/o en riesgo de
exclusión social.
2.-Fomentar el acceso al alquiler,
garantizando las subvenciones al pago
del mismo, mediante la aprobación
de ordenanzas municipales que vayan en
esta dirección.
3.-Activar protocolos en los municipios que
eviten los desahucios. Para ellos gestionar con bancos, propietarios, entidades
públicas y juzgados, diversas posibilidades tendentes a un uso social de las
viviendas y conceder ayudas a los afectados para que puedan hacer frente a los
pagos.
4.- Trabajar desde los municipios y la
comunidad autónoma a fin de erradicar la infravivienda, concediendo ayudas para
su eliminación, que han de estar reguladas por ordenanzas municipales.
5.- Hacer un censo de viviendas vacías.
Aprobar ordenanzas municipales que obliguen a los bancos a poner en uso las viviendas no habitadas
para acceso de los demandantes.
6.- No cortar el agua y la luz a los
domicilios si la situación económica de la familia no le permite el pago.
7.-Crear bonos sociales teniendo en cuenta
la distinta situación económica de los usuarios (pensionistas, familias
numerosas, personas en paro laboral).
8.- Implementar sistemas de fraccionamiento o aplazamiento del
pago de intereses.
9.- No aumentar el canon de mejora del
agua, anulando el pleno que lo aprobó durante el gobierno municipal del PP.
9.- Regulación de subvenciones que permitan a los usuarios conocer cuándo
pueden acceder a las ayudas, con el fin de impedir criterios arbitrarios o que
las personas damnificadas tengan
que ir de institución en institución solicitando las ayudas.
10.-Mantener la propiedad, conservar y
poner al servicio de demandantes con necesidades económicas las viviendas
municipales.
- 2.4.- LA EDUCACIÓN. En 2014, la OCDE
elaboró un informe que arrojaba los siguientes datos sobre nuestra demarcación:
el 54,71% de la población sólo ha realizado estudios básicos y el 19,83%,
estudios superiores. En la banda de edad entre los 15 y los 19 años, uno de
cuatro chicos y chicas ni estudia ni trabaja. Entre 25 y 65, la mitad no ha
finalizado el bachillerato. Entre 25 y 34 años, el 36% de los jóvenes ha dejado
los estudios antes de los 16 años. Si se
considera la formación como requisito importante para la consecución de un
trabajo, y de calidad, se explica el alto índice de paro en nuestra zona, de
los más altos de Europa. Por estas cifras, se advierte, además, el elevado
número de personas que no ha alcanzado un nivel suficiente de instrucción y
formación por realizar sólo estudios primarios o no terminar la secundaria o el
bachillerato. Comprobamos con inquietud que no hay políticas dirigidas a este
sector de la población, que les permita nivelar sus conocimientos, habilidades
y aptitudes con el resto de la población que sí ha alcanzado un nivel aceptable
o alto de formación académica y/o profesional. La consecuencia es clara: o
están en paro o desarrollan trabajos de poca cualificación y en precario.
Consideramos que la Universidad de Cádiz
debería ser unos de los motores del despegue de Cádiz y su entorno,
conectándose más a la realidad socio-económica de la zona y buscando
alternativas que favorezcan nuestra riqueza y desarrollo. De hecho, la institución
académica está llevando a cabo planes orientados a los objetivos que aquí
enunciamos, pero los recortes han puesto en peligro o han dado al traste con
algunos de los proyectos que venían
haciéndose realidad.
Por
consiguiente, si los niños y los jóvenes
son la mejor inversión social que podemos hacer con vistas al futuro, no
podemos consentir que se sigan dando estas estadísticas, claro exponente de la
postración social y laboral de la provincia de Cádiz. La cultura y la educación
son elementos fundamentales en la humanización y progreso de nuestra sociedad.
Por ello, proponemos modestamente estas propuestas de acción:
1.- Poner en marcha escuelas infantiles de
0 a 3 años. Potenciar la creación y funcionamiento de las
escuelas infantiles públicas.
2.- Diversificar las enseñanzas para que
aquellas personas que han abandonado
prematuramente el sistema reglado de enseñanza puedan verse beneficiados con
programas de educación compensatoria en barriadas deprimidas y planes
formativos y sociales adaptados a sus
motivaciones y necesidades. Crear donde nos los haya programas específicos y
mejorar los existentes, dentro de la red educativa andaluza, para niños y niñas
superdotad@s. Debemos favorecer un sistema educativo equilibrado, adecuado a
las necesidades del alumnado y abierto a las potencialidades de nuestra gente.
3.- Prevenir el absentismo escolar haciendo
frente a las causas educativas, sociales y familiares que lo favorecen.
4.- Llevar a cabo políticas de ayuda al
estudio (becas, libros, pago de desplazamientos) para el alumnado de familias menos pudientes o con necesidades
básicas.
5-Potenciar programas municipales de
educación (igualdad de género, identidad personal, paz y solidaridad,
ecología, etc.).
6.-Coordinación de los consejos escolares
municipales con AMPAS y centros
educativos. Apertura de los centros a las barriadas donde están ubicados.
7.- Jornadas y cursos para la actualización
y dignificación de la labor docente.
8.- Involucrar a la enseñanza concertada en
planes generales de actuación educativa en los municipios, pues, al estar
subvencionados con fondos públicos deben prestar servicios de apoyo en la
comunidad educativa de su zona.
9.- Potenciar la Formación Profesional,
convirtiéndola en una opción de calidad para el alumnado. Aumentar la oferta de
ciclos formativos, de acuerdo con las necesidades de los municipios.
10.- Evitar la burocracia innecesaria en
los centros, que resulta ser una pesada carga para el personal docente,
restándole tiempo en su tarea educativa.
2.5.- SALUD, MENORES Y MAYORES. Se advierte
un grave deterioro de los servicios públicos de salud a consecuencia de los
recortes y la vulnerabilidad laboral a que están sometidos l@s trabajador@s del sector. La falta de
personal en todas las especialidades sanitarias y no sanitarias, la no
provisión de sustituciones por vacaciones del personal, el cierre
de habitaciones, con la consiguiente reducción de camas, los problemas
de higiene por disminución de gastos en productos de limpieza y de desinfección, el estado lamentable de algunas instalaciones
afectadas por algunos de los problemas citados anteriormente, la deficiente
atención a los pacientes oncológicos y afectados de hepatitis C y la congestión
de los servicios de urgencia, provocando interminables esperas de los pacientes
y familiares, son, entre otras, las deficiencias que los sindicatos Autonomía
Obrera y CGT han venido denunciando ante la ciudadanía.
Se puede decir que los recortes han
afectado duramente al normal desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia,
de forma muy acentuada a nivel general, por la política del PP, que ha llevado
a una drástica disminución de las ayudas, tanto en costes, servicios a
domicilio, como en la reducción de horarios de atención a los dependientes. En
Andalucía, ha sido menos, pero también se ha notado por estas incidencias. Se
ha dado el caso de que parejas de ancianos, con las ayudas concedidas,
fallecieron antes de recibirlas, debido al extraordinario retraso burocrático
de la Administración andaluza. Hemos de tener en cuenta que la población
envejece cada vez más por las expectativas de vida, y son también más las
personas que, con diversas discapacidades se encuentran necesitadas de atención
primaria.
En Cádiz se da una real necesidad de
residencias para mayores, por lo que resulta sorprendente que la última
residencia construida en la capital con fondos públicos- “Micaela Aramburu”
haya sido cedida para su gestión a una empresa privada, que ha establecido un
verdadero negocio, fijando precios prohibitivos para las clases populares
a 1500 y 1900 euros. Por estos motivos,
la Asamblea de San Mateo-15M ha venido denunciando esta situación con
concentraciones, entrega de 2893 firmas
en el Ayuntamiento y comunicados a los medios.
Aunque hay una cierta invisibilidad hacia
los menores, está muy claro que todas estas deficiencias que venimos
describiendo tienen que afectarle de alguna manera. Ellos participan de las
necesidades y sufrimiento de los adultos, pero de manera muy especial, pues
sólo el tiempo dirá de qué forma afectarán a su salud y personalidad, cuando
alcancen un grado de mayor comprensión de los problemas, pensados
retrospectivamente. Como una película pasarán por su mente: el paro de sus
padres, la pobreza, la falta de calidad de vida, la infravivienda, los malos
tratos o los efectos de una educación deficiente, entre otras lacras. Por estas
razones, la atención a los pequeños ha de ser prioritaria en todo plan que se
precie de humanitario y social.
Propuestas de acción en estas áreas: 1.-
Mejora de la sanidad pública en servicios, atención a los pacientes, provisión
de plazas suficientes para profesionales sanitarios, provisión puntual de
sustituciones incremento de los recursos
materiales: partidas, higiene, número de camas, diligencia en las urgencias y
especialidades.
2.-Puesta en marcha de los Consejos de
Salud de barrios, con el fin de diagnosticar las necesidades sanitarias de éstos y poner los medios
urgentes y adecuados.
3.-Abogar por una atención especial y
rigurosa a los menores, estudiando las problemáticas de las familias
(conflictos de pareja, desestructuración familiar por el paro, la pobreza,
exclusión social, bajos niveles de formación, malos tratos, abandono, etc.),
ante las cuales las administraciones
deben responder con celeridad y acierto, mediante ayudas económicas familiares,
atención psicológica de los servicios especializados, acogida en familias
especializadas para esta función, intervención social decidida en casos en que
la integridad física y/o mental del menor esté en peligro de deterioro,
protegiendo sus derechos con persona.
4.- Acondicionar las viviendas para
mayores, librándolos de los efectos nocivos
de la infravivienda, mediante la rehabilitación de los pisos.
5.- Potenciar los centros y hospitales de
día, servicios de ayuda a domicilio,
teniendo en cuenta, en primer lugar, a l@s ancian@s con escasos recursos
económicos y sociales.
6.- Prestar especial atención a la Ley de
Dependencia, exigiendo que la selección y adjudicación de ayudas a domicilio se
hagan con prontitud; se aumenten las prestaciones y no se limite el número de
personas beneficiarias, que han de ser aquellas que carezcan de recursos para
que sean atendidas debidamente.
7.- Revertir la Residencia del Mayor
“Micaela Aramburu” al sector público, con una concertación inmediata a la Junta de Andalucía de al menos el 80% de las plazas residenciales,
que permita el acceso a ellas a personas
de bajos recursos económicos o en situación de pobreza, hecho que, hasta ahora,
no se puede dar por los altísimos precios que tiene fijados la actual empresa.
LAS PERSONAS SIN HOGAR. En Cádiz, hay unas 140 personas sin hogar,
entre nativos, procedentes de otras comunidades autónomas del Estado y
extranjeros. En la calle, son atendidos por asociaciones como “Calor en la noche,
“Despertares”, Cruz Roja, Cofradía de La Columna, etc. Luz y Sal, de Cáritas, acoge a las personas sin techo, mediante planes de
recuperación e integración, en un centro de día. Virgen Poderosa y Virgen de
Valvanuz dan comidas o cenas. Funcionan a demás dos albergues, el de Caballeros
Hospitalarios, con capacidad para 15 plazas y el albergue municipal que puede
acoger a unas 20 personas, ampliándose
el cupo a 27 en los días de invierno. La cobertura es a todas luces
insuficiente pues ya hemos dicho que en Cádiz hay unas 140 personas durmiendo
en la calle. Los voluntarios y voluntarias de calle se coordinan con la
trabajadora social de Luz y Sal y llevan a cabo, en estos momentos, un plan individualizado de atención a los sin techo,
en lo que respecta a la salud física y mental, alimentación, vestuario,
documentación acreditativa y oficial, etc. Ha funcionado además una mesa de
inclusión social, formada por distintas asociaciones y auspiciada por el Ayuntamiento, que
apenas ha echado a andar, no ha sabido
coordinar las distintas iniciativas y experiencias, por ser muy dependiente del
ritmo marcado por el equipo de Gobierno
municipal anterior y se ha movido, por
tanto, con lentitud.
En otro plano, APDHA, Cáritas, el Grupo
Cristiano de Reflexión y Acción, Cruz Roja y las asociaciones que visitan en la
calle a los afectados han denunciado la falta de medios materiales y humanos para atender a estas personas y las muertes habidas en estos años en distintas plazas y espacios abandonados de la ciudad de Cádiz.
De acuerdo con el análisis anterior, se
proponen las siguientes actuaciones:
1.- Un operativo como medida de urgencia,
para poner en marcha de manera inmediata espacios que protejan a los sin techo
de las inclemencias del otoño y del invierno. Se sabe que en Cádiz hay muchas
viviendas y locales disponibles- privados, de la Iglesia-y algunos públicos,
que se podrían adecuar a las necesidades de estas personas. Para esta tarea,
haría falta una infraestructura mínima
de personal y personal voluntario.
2.- Localizar dos espacios- uno en el casco
antiguo y otro en Puerta de Tierra-, donde se le pueda dar cobijo a las
personas que lo demanden, pues es conocido que no todas van a aceptar este
régimen de vida. Tendrían carácter de pisos tutelados u hogares, abiertos las
veinticuatro horas, atendidos por
personal voluntario y contratado.
3.- Aumentar las dotaciones públicas del
Ayuntamiento, Junta e iniciativa privada.
4.- Elaborar un protocolo que detalle, en
la medida de lo posible, las actuaciones necesarias para ir avanzando en la
atención, protección y promoción de las personas sin hogar.
5.- Cuidar la salud física y mental de
estos destinatarios, muy deteriorada por la estancia en la calle, en lugares
insalubres, por la dependencia del consumo de toxicomanías y falta de cuidados médicos
periódicos.
6.- Dignificar a estas personas, sin
discriminación en las distintas situaciones en que han de ser atendidos.
7.- Ampliar y fortalecer en donde los
haya planes de recuperación, integración
y promoción, para los que se necesita recursos materiales y personal
especializado.
FUENTES:
1.- “Un municipio respetuoso con los
derechos humanos”. APDHA. Cádiz 2015.
2.-Informe FOESSA, de Cáritas.
3.-Campaña- Cádiz-Pacto por el empleo PSOE,
UGT y CCOO: Plan de choque. 2014
4.- Prensa y digital local de 3 de septiembre:
Información sobre los datos del paro de la SEPE de agosto de 2015 y de 7 del mismo mes sobre accidentes laborales en la provincia de Cádiz.
5.- ¡Es la hora de las infraestructuras!
2003-2004. CC.OO., Diputación de Cádiz y UGT. Es un documento de hace unos
años, con mapas del proyecto de infraestructuras
en la provincia de Cádiz, algunas de las cuales están todavía pendientes de
realización.
6.- Contenidos del Gesto de la HOAC de
Andalucía: “La persona es lo primero” Derechos Sociales, un deber de justicia”.
7- Plataforma reivindicativa de la Asamblea
15M- San Mateo sobre el suministro de luz y agua en Cádiz y Residencia del
Mayor.
8.- Charla sobre la problemática de las
personas sin hogar dada al Grupo Cristiano de Reflexión y Acción por María José
Romero Ruiz, trabajadora social de “Luz y Sal” y técnico de Cáritas
9.- Reflexiones del Grupo Cristiano de
Reflexión y Acción.
10.-Medidas de urgencia para actuación
municipal, consensuadas por Cádiz si se puede y Ganar Cádiz en Común.
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